Córdoba, 27 de Julio de 2012.-
A Los miembros
de la Cámara Federal de Córdobaa través de su presidente Dr. Luis Roberto RUEDA
Presente
De mi mayor consideración:
Me dirijo a ustedes en mi calidad de ciudadano y consciente de que al no ser ésta una demanda judicial ni una denuncia formal no tendrá de su parte curso jurídico ni respuesta a través de la única vía oficial por la que se expiden los jueces que es por sus sentencias.
Aún así he querido redactar esta misiva para llamar su atención como máximas autoridades del Poder Judicial Federal en Córdoba y para hacer una reflexión sobre las violaciones que estamos sufriendo en forma diaria en el ejercicio de nuestros derechos constitucionales que son la expresión formal de nuestros derechos humanos.
Estamos viviendo horas difíciles para la vigencia de los derechos protegidos por nuestra Constitución Nacional. Día a día los ciudadanos nos vemos sorprendidos por medidas del Gobierno Nacional que atentan contra las garantías contenidas en la Ley Suprema.
Algunos atropellos son verdaderamente graves por las consecuencias económicas que generan. Son -en todos los casos- cambios repentinos de las reglas que garantizan la seguridad jurídica y la estabilidad. Vayan como ejemplos la repentina modificación del régimen de importaciones para pasar a depender de la discrecionalidad del funcionario de turno (a través de las llamadas licencias no automáticas), los cambios impositivos a lo largo de un mismo ejercicio contable, o la prohibición de comprar y vender libremente dólares para el ahorro, realizar viajes o comprar bienes y servicios en el exterior, por nombrar sólo algunos.
Al cambio de reglas se le suma un manejo definitivamente arbitrario y abusivo de los órganos de control fiscal a los efectos de amedrentar a los contribuyentes para que no se expresen en contra de las políticas del gobierno ni participen de foros políticos, económicos o sociales que puedan suponer una oposición al relato oficial.
La propiedad privada se ha visto afectada en los últimos años por múltiples medidas. Sólo menciono, también a modo de ejemplo, la incautación de los recursos del régimen de las AFJP burlando la confianza de millones de argentinos, y otras medidas de igual tenor, como obligar a repatriar los fondos de los seguros de argentinos garantizados en el exterior con capitalización.
Cuando un ciudadano advierte que una empresa como Repsol es burlada en sus derechos con la confiscación de sus acciones en YPF sin la correspondiente retribución justa y sin haberse tomados los recaudos que prevé el art. 17 de la Constitución Nacional, imagina lo que puede sucederle en el momento en que su empresa, negocio o bien particular sea apetecido por los funcionarios. Los individuos tenemos mucho menos poder y visibilidad pública que una multinacional. Lo mismo sucede cuando escucha que grandes empresarios son amedrentados y condicionados por llamadas telefónicas o contactos intimidatorios de parte de los funcionarios para que hagan o dejen de hacer.
Ese es el motivo por el que cunde la desconfianza, y con ella la inflación, que es el flagelo más trágico para una sociedad ya atravesada por las desigualdades sociales. En nuestro país existe un amplio sector que sufre pobreza y marginación y que no ve perspectivas de que se generen puestos de trabajo suficientes (no desde la administración pública sino desde el sector privado) como para garantizarles un acceso al derecho de trabajar y ganar un sueldo formal digno. El clientelismo, que ya de por sí es un atentado a las garantías constitucionales expresadas en el art. 14 de nuestra Carta Magna, no puede disimular lo que en verdad está ocurriendo en los sectores más vulnerables.
Pero no se agotan allí los atropellos a nuestros derechos constitucionales. Simultáneamente a lo que ya hemos dicho, vemos también que el Estado restringe la libertad de prensa a través del uso abusivo de los recursos para propaganda política de su gestión y distribuidos en forma absolutamente discrecional; evita las conferencias de prensa y abusa de la utilización de la “cadena nacional”; avanza con leyes para transformar el sistema de medios masivos del país con el sólo efecto de lograr que los empresarios cercanos al poder compren diarios y emisoras, utilizan los medios públicos por excelencia como son ATC (Televisión Pública) a nivel nacional y los SRT, en nuestra provincia, para desarrollar un discurso único, idéntico al que lleva adelante el gobierno central…
Cuando todo eso ocurre al mismo tiempo, los ciudadanos sabemos que ya no podremos ejercer integralmente nuestro derecho a estar informados en forma objetiva y a participar con nuestras opiniones del debate público. Ciudadanía sin información confiable es un concepto que se relativiza.
¿Y qué sucede con nuestro derecho a vivir en un sistema representativo, republicano y federal? No podemos dejar de asentar la continua violación al régimen federal con el manejo absolutamente discrecional de los fondos federales que le corresponden a las provincias y una concentración de los recursos en el poder central, administrado en el marco de presupuestos que -para colmo- han sido autorizados para un reordenamiento de las partidas sin mayor control del Congreso de la Nación.
El régimen republicano se ve amenazado por una praxis política de parte del Poder Ejecutivo que avasalla la división de poderes, condiciona la independencia de la Justicia y neutraliza el control de los organismos pertinentes. La sola expresión de deseo de intentar volver a reformar la constitución nacional para que los actuales gobernantes tengan la posibilidad de perpetuarse en el poder, habla a las claras de las amenazas al sistema de contrapesos y balances republicanos previstos por la Constitución de 1853. Este es el motivo por el que los ciudadanos nos vemos obligados a destinar el tiempo que deberíamos usar para producir y para desarrollar nuestras familias, a juntar firmas en la calle para prevenir a nuestros representantes sobre la estrategia en cuestión.
El más grave atropello a los derechos constitucionales de los ciudadanos tal vez sea la corrupción estructural que se ha montado desde las máximas esferas del poder nacional y que también involucra estamentos legislativos y judiciales. Esto es así porque, además de distorsionar todas las políticas públicas con criterios que buscan beneficiar económicamente a un sector o a una persona, impactan en el eje que sustenta el Estado y que son los aportes que hacemos los ciudadanos a través de nuestros impuestos para lograr los servicios públicos de Justicia, seguridad, Educación, Salud y políticas para superar la pobreza y la falta de oportunidades. Advertir que ciertos jueces como el Dr. Oyarbide se desenvuelven con la impunidad con la que lo hacen atemoriza sobre lo que puede estar ocurriendo en instancias donde la mirada del periodismo o de las organizaciones no gubernamentales no pueden acceder (contratos de obras públicas, licitaciones, concesiones, servicios sobrefacturados, etc.)
Por estos días, el sólo hecho de observar que no hay fondos para pagar a los jubilados, aunque la propia Justicia haya ordenado que se lo haga, pero sobran recursos para ampliar el presupuesto del programa “Futbol para todos” habla a las claras de un desmanejo completamente desembozado del poder y los amplios márgenes que está dejando para la corrupción.
No puedo dejar de mencionar cómo afecta el ejercicio de los derechos constitucionales de los ciudadanos la constatación de que ninguna de las fuerzas de seguridad de la nación, mucho menos las que desarrollan las provincias, ni la Justicia Federal ni las provinciales, pueden garantizar la seguridad, que es un elemento básico que hace a la existencia misma del Estado.
La Seguridad se encuentra en jaque por el accionar impune de las redes de narcotráfico y el desarrollo del crimen organizado en todo el territorio nacional, con todo lo que ello implica, incluso en sus vinculaciones con el poder político y el financiamiento espurio de las campañas políticas…
Por último, y aquí llegamos a la gota que colma el vaso de la paciencia ciudadana, como siempre ocurre en la vida de las personas y también en la historia de los pueblos, nos encontramos con los pequeños gestos cotidianos de los gobernantes, en particular de la presidente, sus ministros, funcionarios del poder central y legisladores afines, que dejan vislumbrar la intención de consolidar un proyecto populista-nacionalista de corte totalitario para nuestra Argentina y que se confronta fuertemente con la vocación constitucional expresada en su propio preámbulo.
El último gesto es casi una anécdota, pero muestra de manera palpable cómo razonan. En el marco de un posible caso grave de corrupción que afecta nada menos que a la impresión de nuestra moneda nacional, denominado “Caso Ciccone, o también Caso Boudou” en el devenir de la opinión pública, la presidente lanza la iniciativa de cambiar la figura del ex presidente Julio Argentino Roca –antipático al sentir de este proyecto político- por la de quien fuera la esposa del ex presidente Juan Domingo Perón, Eva Duarte de Perón, figura política emblemática del movimiento peronista.
Sería ingenuo no detectar en este anuncio un nuevo intento populista por alegrar a las mayorías peronistas del país, desviar la atención hacia este debate sobre si es legítimo o no rendirle homenaje con un billete nacional a dicha figura, y aplacar así la mirada sobre las circunstancias escandalosas que dan marco a este presunto acto de corrupción, que podría involucrar al mismísimo vicepresidente de la nación, Amado Boudou, según confirman las investigaciones periodísticas preliminares.
En ese marco, quiero pedirles, Sres Jueces Federales, que se paren frente al poder político expresado en el Ejecutivo Nacional y defiendan nuestros derechos ciudadanos para no ser avasallados por un proyecto totalitario que pretende distorsionar nuestra historia, “refundar” lo que en verdad ya está fundado y desarrollar un relato oficial que se extiende incluso a los ámbitos escolares y universitarios con el objetivo de uniformar a una sociedad como la Argentina que siempre se ha enorgullecido por su tolerancia y su pluralidad.
La misma energía y los mismos recursos que se han utilizado para la investigación de los delitos contra los derechos humanos, debe ser utilizada ahora en la tarea de investigar y perseguir a los corruptos, a los que acuerdan con el narcotráfico, a los que abusan de su poder constitucional e intentar desarrollar proyectos contrarios al espíritu de dicha constitución.
¿Debe estar la figura de “Evita” en los billetes? Insisto en que es una anécdota en el marco de los problemas estructurales que enfrentamos los argentinos. Creo que hay presidentes como Yrigoyen, Frondizi, Illía o el mismo Perón que merecen ser homenajeados antes que una figura muy querida por un sector de los argentinos pero que no cumplió un rol institucional concreto. Pero insisto en que el debate se vuelve importante en el marco del despliegue de un proyecto con vocación totalitaria que distorsiona cada aspecto de la realidad para construir su propio relato, en beneficio propio.
Es mi esperanza que ustedes, que ocupan tan alta responsabilidad en la estructura jerárquica del Estado Argentino, puedan levantar la voz por los ciudadanos comunes que hacemos lo que podemos en nuestro nivel y alcance, para que vuelva a brilla la Constitución Nacional y a respetarse en forma incondicional e irrestricta los derechos que allí se nos reconocen a los argentinos.
Sin otro particular, y esperando que esta humilde reflexión sirva a sus efectos, saludo a Uds muy atte
Sebastián García Díaz
DNI 22.775.762
