Hay un falso prejuicio muy instalado en nuestra sociedad de que somos los padres los “culpables” del consumo de alcohol de nuestros hijos y sus consecuencias. Esto sería tan injusto como liberar a los...
narcos aduciendo que la culpa del consumo de drogas la tienen los padres de esos consumidores.
Los padres somos, junto con los jóvenes, las víctimas de un enorme mercado de promoción y venta de bebidas alcohólicas y de explotación del complejo fenómeno de la nocturnidad juvenil.
¡Qué contrasentido sería multar a los padres que se ven completamente desbordados por la intensidad que tiene esta tendencia cultural al consumo exagerado y mientras tanto seguir alentando que la cerveza más vendida de Argentina sea sponsor oficial de las selecciones deportivas, o que el prime time de nuestros televisores tengan una sucesión de las mejores publicidades del mercado, dedicadas a promover distintas marcas de cerveza, fernet, vinos y bebidas blancas.
¡Qué curioso que no tratemos a la venta de alcohol como al tabaco y avancemos hacia prohibiciones de publicidad masiva, mayor presencia de advertencias en los puntos de venta, impuestos sobre el precio para que no sea tan barato emborracharse, y regulaciones para que se venda con sumo cuidado esta sustancia tóxica de alto riesgo!
Una solución a la oferta indiscriminada
Pensar “¿qué culpa tiene el vendedor de alcohol?” es un error tan arraigado en la cultura popular, que constituye el principal obstáculo para exigir una verdadera política de control.
En su lugar, somos varios los que proponemos hacer foco en el único agente que gana dinero vendiendo esta sustancia tóxica de alto riesgo como ha demostrado ser el alcohol, y en ese carácter exigirles la conducta propia de un buen hombre de negocios. Esto es: cumplir la ley, no intoxicar a su clientela y no ser indiferente respecto a las consecuencias de su acción de venta.
Un acierto doble. Por un lado, propone algo que es factible instrumentar hoy -ya mismo- y que puede terminar con este genocidio de miles de chicos muertos, accidentados, o víctimas de violencia o embarazos no deseados.
Porque un cambio cultural para que padres e hijos eviten voluntariamente el consumo llevará décadas. Y depositar las esperanzas sólo en los controles de alcoholemia de inspectores y policías es tan ingenuo como esperar que el Estado funcione bien en Argentina.
En cambio hacer civil y penalmente responsables a los bolicheros y expendedores de bebidas alcohólicas por las consecuencias de sus actos genera un inmediato y efectivo autocontrol de estos “hombres de negocios” que, como tales, son especialistas en minimizar los riesgos.
En definitiva, en las manos de ese bolichero está el admitir o no a un alcoholizado a su establecimiento (y con ello alentar o no el descontrol de las previas), venderle más alcohol durante esas cuatro horas que permanece dentro y por último dejar que el policía que contrata como adicional le permita ir en condiciones críticas o lo retenga dando aviso a las autoridades sanitarias.
El segundo acierto es que no hace falta una “cruzada” para sancionar leyes, porque ya fueron sancionadas… ¡hace 17 años! Es la ley 24.788 de meridiana claridad respecto a la imputabilidad de los expendedores y que se complementa con la Ley Nacional 26.370 de Espectáculos Públicos que ordena convertir a los actuales “patovicas” en auxiliares de la justicia y la salubridad. Entonces lo único que tenemos que hacer en Córdoba es adherir a estas dos leyes y aplicarlas.
Sugiero a la Municipalidad de Villa María que en lugar de ensayar este tipo de iniciativas completamente erradas, avance en la creación de un Registro Único de Expendedores de Bebidas Alcohólicas. Para que, ante la denuncia que alguien está vendiendo alcohol a menores, sea muy sencillo clausurarlo y eventualmente meterlo en prisión y no depender del humor de un fiscal o de un burócrata.
Recomiendo en este sentido, el libro presentado la semana pasada por el abogado cordobés Esteban Gorritti, padre de Manuela, una de las víctimas del Ford K que volvía de Carlos Paz hace algunos años quien hace un estudio muy profundo y exhaustivo sobre lo que hay que hacer y no se hace en Córdoba y en Argentina respecto al fenómeno de la venta indiscriminada de alcohol. El libro se llama “El Genocidio Aceptado”
