PRIMERO LA GENTE EXPRESA SU RECHAZO A LOS PROYECTOS DE LEY DE DESPENALIZACION DEL CONSUMO, LA TENENCIA Y LA COMERCIALIZACION.

El ex Secretario de Prevención de la Drogadicción, Sebastián García Díaz en representación de la Junta Directiva de Primero la Gente, señaló que el partido “Apoya la intención de no criminalizar al adicto pero no la teoría de desvincular al Estado de la suerte de un consumidor que, una vez despenalizado el consumo y la tenencia, eximirá al Estado de protegerlo salvo cuando ya ingrese a la categoría de adicto.”

Desde Córdoba, los miembros de Primero la Gente deseamos expresar nuestro rechazo categórico a los Proyectos de Ley de Despenalización del Consumo y tenencia para el consumo que se están debatiendo en el Congreso Nacional e incluso aquellos que intentan avanzar en la despenalización de su comercialización. Ya tuvimos el preocupante antecedente de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2009 que sentó precedente sobre la despenalización de la tenencia de estupefacientes para el consumo.

La responsabilidad del Estado en la asistencia de adictos a sustancias legales e ilegales es innegable y en este sentido, todavía queda mucho por hacer en Argentina. Pero si reconocemos este deber, no podemos al mismo tiempo reconocer el derecho de una persona a elegir libremente consumir, respetando la autonomía personal, pues estaríamos generando una contradicción evidente, ya que esa persona está afectando gravemente su salud con posibles consecuencias públicas concretas de las que luego debe hacerse cargo el Estado de asistir.

La contradicción puede ser más evidente si la comparamos con la obligación del Estado de asistir a las personas que sufren accidentes de tránsito. Sería contradictorio inhibir al mismo Estado de su facultad de exigir el uso del cinturón de seguridad y castigar eventualmente el incumplimiento.

En Argentina sería muy positivo que el Congreso Nacional diera el debate respecto a la posibilidad de no castigar a través de la Ley Penal al consumidor de drogas, y que su potestad de obligarlo a un tratamiento fuera canalizado a través de instancias correccionales. Estamos de acuerdo con la no-criminalización del adicto y un trato especial al ser un enfermo.

Pero ese debate es completamente distinto a la decisión de liberar su consumo y despenalizar su tenencia, inhibiendo al Estado de utilizar esa potestad.

Es importante destacar que las Redes de Narcotráfico están invadiendo nuestros países, corrompiendo estructuras políticas, sociales, sindicales y económicas y produciendo graves daños físicos, psicológicos y sociales en nuestra Juventud y en general en nuestra sociedad.

Cada vez que un consumidor, un abusador de consumo o un adicto, compra a estas redes sustancias ilegales -cualquiera sea su tipo y sin importar su cantidad- está ayudando a fortalecer esas redes. Por lo tanto está alimentando una de las principales amenazas para la seguridad pública, para la salud de la población y también de las instituciones.

A esta perspectiva debe sumarse otra contradicción muy difícil de justificar: el comprador de estupefacientes para uso personal estará autorizado, pero no así el vendedor. Esta contradicción sólo puede avalarse si se proyecta en una instancia próxima cercana, despenalizar también al que provee de la droga si lo hace a una persona que la utilice sólo para consumo personal, lo que a todas luces es un despropósito.

Salvo que se diera una despenalización de la comercialización de drogas, en el mismo momento por parte de todos los países del mundo, la decisión unilateral de un país de avanzar en este sentido lo convertiría en forma automática en punto logístico para la provisión de drogas para todos los países de la región por parte de las mafias que seguirán operando a nivel global en el terreno ilegal.

A nadie escapa que el último eslabón de las Redes de Narcotráfico es un vendedor al menudeo que sale a comercializar a los diversos ámbitos con una cantidad de sustancias ilegales similar a la que posee un simple tenedor. Despenalizar este eslabón –o perseguirlo en forma superficial desde instancias provinciales como propone ahora el proyecto del gobernador De la Sota- sólo produce la obstaculización de la posibilidad de investigar y perseguir a los cabecillas que la han provisto. De alguna manera, estamos poniendo en jaque uno de los aspectos más importantes de la Lucha contra el Narcotráfico.

Es importante señalar, que la marihuana, tiene el mismo carácter perjudicial en el organismo de los seres humanos que el resto de las drogas ilegales. Es además, en muchos casos, la puerta de entrada al consumo de esas otras drogas junto con el Alcohol. Darle un trato particular, es enviar un mensaje completamente distorsivo a la Sociedad y en particular a los jóvenes que hoy se ven confundidos por mensajes similares que envían los agentes del narcotráfico.

Estamos convencidos que en materia de prevención, asistencia y lucha contra el narcotráfico aún está todo por hacer en Argentina. Más aún si incluimos al alcohol como sustancia que produce estragos en su consumo y otras del mismo tenor. Enfoquemonos en estas tareas en lugar de seguir distrayéndonos en debates que pueden ser muy fecundos en el plano teórico, pero que no se condicen con la realidad de Argentina.

Esperamos que nuestros representantes ante el Congreso Nacional tengan la responsabilidad suficiente para votar sin superficialidad un tema tan serio y tan determinante para la realidad de nuestro país por sus implicancias no sólo sanitarias sino también sociales y culturales.