Carta al Gobernador De la Sota (antes de la denuncia)

En el día de ayer, presenté esta carta al gobernador en Casa de Gobierno. Estimo que ha pasado suficiente tiempo, desde la advertencia que hiciéramos el año pasado y nada ha ocurrido. Por lo que, valió la pena agotar esta instancia de llamado de atención, antes de proceder a la dencuncia.
Córdoba, 25 de Abril de 2013.-
Al Sr.
Dr. José Manuel De la Sota
Gobernador de la Provincia de Córdoba
Presente                                                         



De mi mayor consideración:
Me dirijo a Usted para intentar -a través de esta carta- tome conciencia de una grave falencia que está teniendo su gobierno y que espero pueda corregir con urgencia. Se trata de la nula inversión y acción para prevenir el consumo de drogas y alcohol en todo el territorio de la Provincia de Córdoba.

Durante toda su gestión no se ha invertido un peso en producir y difundir campañas masivas de concientización sobre las consecuencias del abuso de consumo de alcohol y de drogas, ni para presentar canales institucionalizados como webs, teléfonos y oficinas especiales para que los padres y los jóvenes puedan acceder a información y acercar sus inquietudes. Los programas de prevención para la Escuela Primaria -Quiero Ser- que fueron aplicados durante mi gestión al frente de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico con apoyo nacional han sido suspendidos y no existe en este momento ningún programa sustentable que aborde la problemática en el primario ni en el secundario.
Estas falencias son muy graves no sólo por la desidia respecto al tema en cuestión sino además por que se está produciendo un incumplimiento de la Ley 9.600 que ordena un listado específico de acciones de prevención y asistencia que no se han llevado a cabo desde el inicio de su gestión y hasta ahora.

Como advirtiera públicamente el año pasado, de mantenerse esta grave negligencia, denunciaré a Ud. ante la Justicia, y a sus funcionarios respectivos, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, delito previsto en el Código Civil argentino (artículo 248)
Como bien sabe, el fenómeno del consumo de sustancias tiene dos grandes cuestiones vinculadas: todo lo relativo a la oferta y lo que hace a la demanda. Respecto de la oferta de sustancias ilegales, el crecimiento del accionar de las redes de narcotráfico (con vinculaciones internacionales) y su influencia sobre vastos sectores del Gran Córdoba y de otras ciudades y pueblos del interior es un fenómeno ya conocido por todos e incluso reconocido por usted mismo.

En su momento como funcionario presenté un informe al entonces gobernador Schiaretti y a su ministro de Gobierno y Seguridad, Carlos Caserio, quiénes decidieron -por no acordar con el tenor de lo allí planteado- solicitar mi renuncia. El paso de los meses, lamentablemente fue confirmando el panorama que describía en aquel documento. Adjunto a esta presentación una copia del libro “Favelización de Córdoba. Droga, poder y burocracia” que publicara una vez alejado del cargo -que contiene un resumen de aquel informe en el primer capítulo- a modo de antecedente.
El año pasado presenté un segundo informe en el que se describe cómo las redes de narcotráfico están dominando un porcentaje importante del abanico de delitos que se produce en Córdoba, a través del poder de su caja financiera y su logística, y al amparo que logran de funcionarios y policías. El documento ilustra cómo se va estructurando paulatinamente la base del “crimen organizado” y las consecuencias que puede tener para los cordobeses. Adjunto este informe llamado “La nueva Matriz de la Delincuencia en Córdoba” para que sea evaluado también como antecedente.

A los efectos de contrarrestar este avance, su gobierno ha instrumentado una política de federalización de la lucha contra el narcotráfico, asumiendo la persecución de la venta al menudeo y se ha creado en el ámbito judicial el fuero respectivo. Aunque espero sinceramente equivocarme en mis apreciaciones, en principio no he considerado -a las instituciones y medios que han solicitado mi opinión- que sea ésta una política de Estado eficaz y acertada.
Pero no está puesto allí el foco de este pedido de acción urgente sino en la otra faceta del fenómeno para disminuir la demanda y atender sus consecuencias.

Entre las competencias asignadas la ley 9600 consigna, en su artículo 2 la de elaborar proyectos integrales para el desarrollo de políticas de prevención de la drogadicción. En otro inciso le atribuye la responsabilidad de desarrollar y ejecutar planes y programas sistemáticos de asistencia para el otorgamiento de tratamientos especializados y orientación para las víctimas del flagelo de las drogas.
En el Artículo 3º exige llevar registros sistemáticos y realizar estadísticas sobre los distintos aspectos relacionados a la problemática de la drogadicción y el narcotráfico. También obliga a implementar un sistema telefónico anónimo y gratuito para el otorgamiento de asesoramiento y la recepción de información, con inmediata comunicación -en caso de corresponder- a las autoridades pertinentes. Otro tanto a través de la web. Por último proclama la necesidad de promover y difundir en todos los ámbitos y niveles del sistema educativo provincial, las medidas preventivas como así también campañas de concientización.

En su momento encontré grandes resistencias para poder realizar las tareas encomendadas. Pero en la actualidad estas cuestiones básicas directamente no se realizan. No hay campañas masivas de prevención a través de los medios televisivos, radiales, gráficos, vía pública y medios electrónicos, ni se está trabajando en forma sistemática en programas de asistencia a adictos; no se llevan registros constantes, ni se están desarrollando programas insertos en las currículas académicas en el ámbito escolar.
La inacción para realizar campañas constantes y efectivas de alerta y prevención que aquí se subraya, contrastan con los abundantes recursos que se destinan para otro tipo de publicidades oficiales y acciones de marketing del gobierno provincial.

Como señalan los propios ciudadanos en los más diversos ámbitos, todo indica que sí hay fondos para grandes festivales, para llevar a Damián Córdoba a otras provincias, para organizar el Cuartetódromo y para importantes publicidades de gobierno. ¡El presupuesto asignado a publicidad oficial este año supera los 196 millones de pesos! Pero en la temporada estival, por ejemplo, que es el momento en el que se producen picos de consumo tanto de drogas como de alcohol, no se realizó ninguna campaña de publicidad masiva a través de medios televisivos, radiales, gráficos, electrónicos o en vía pública para difundir mensajes de prevención.
¿Cómo se puede explicar semejante negligencia teniendo en cuenta la cantidad de muertos y heridos por causas vinculadas al consumo de sustancias, embarazos no deseados, violencia y adicciones?

Si usted ha tomado la bandera de la lucha contra el narcotráfico como uno de los puntales para su posicionamiento a nivel nacional (junto con la lucha contra la trata de personas) nunca podrá ostentar resultados contundentes si no trabaja con la misma intensidad respecto a la demanda.
El fenómeno está creciendo en forma exponencial y el número de jóvenes consumidores es cada vez más grande y son cada vez más precoces, igualando -otro dato preocupante- las mujeres a los varones en el consumo de alcohol y otras drogas, con todos los riesgos que esto depara. Además se ha extendido por toda la provincia.

Urge volver a institucionalizar la Secretaría, sus funciones, establecer un presupuesto suficiente para poder realizar prevención a gran escala y asistencia a los adictos en todo el territorio provincial.
En este último sentido, es muy angustiante ver el peregrinar de padres de adolescentes y jóvenes sin recursos ni obra social, por hospitales e instituciones públicas pidiendo un lugar efectivo donde poder tratar y eventualmente internar a sus hijos con problemas de adicción a las drogas. Ese lugar público, varias veces prometido en su construcción por parte del entonces gobernador Schiaretti es un proyecto aún, lamentablemente, que está muy lejos de estar entre los primeros lugares en las prioridades de la obra pública de Córdoba.

Las dos únicas instituciones oficiales que hoy existen como son el IPAD (Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción) y la Casa del Joven no dan abasto para cubrir la demanda de asistencia, sus condiciones son precarias y sus prestaciones no están a la altura de las circunstancias. La promesa de que todo el sistema de salud provincial, sumando al de los municipios estaría capacitado para brindar una cobertura a este respecto, no se ha hecho realidad aún.
Durante mi gestión y la siguiente se estructuraron -como medida proviosria- becas de asistencia para poder financiar el tratamiento de jóvenes sin recursos en instituciones civiles y privadas. Pero como me ocurrió a mi como funcionario en su momento y ahora al actual secretario, es tan larga la demora por pagar en tiempo y forma estas becas por parte del Estado Provincial que las instituciones se encuentran siempre al límite de la desesperación, recorriendo semanalmente los pasillos del Ministerio de Desarrollo Social para tratar de cobrar algo de lo adeudado.

Espero que esta carta produzca cambios para bien de los cordobeses y de nuestros cientos de miles de jóvenes que se encuentran cada vez más condicionados por el fenómeno del consumo, promovido desde el mercado, las publicidades y mensajes de los medios de comunicación y la conducta de una sociedad que no ha advertido aún las consecuencias extremadamente negativas que resultan de esta indolencia generalizada ante el consumo indiscriminado de sustancias.
Por si acaso sus funcionarios y asesores argumenten de que no hay recursos suficientes en la órbita estatal para financiar estas campañas y acciones masivas de prevención, le ofrezco como propuesta el proyecto que hemos hecho público en el último tiempo para ser evaluado por Ud.

Se trata de aplicar una tasa de 0,50 centavos por cada litro de alcohol que se venda en la Provincia de Córdoba. Como los cálculos indican que se comercializan aproximadamente unos 300 millones de litros del alcohol al año en el ámbito de la provincia de Córdoba, con este gravamen podría establecerse un fondo específico para prevención y asistencia de unos $ 150 millones de pesos al año lo que resulta un presupuesto suficiente para tal fin. Está claro entonces que las alternativas de políticas públicas existen, pero es necesario una voluntad y una acción para cumplir la ley.
Quedo a su disposición al igual que el equipo técnico con el que trabajamos desde hace varios años para ayudarlo si es que en verdad se toma la decisión de trabajar sobre las falencias aquí apuntadas.

Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida atención
Sebastián García Díaz