En el día de ayer, presenté esta carta al gobernador en Casa de Gobierno. Estimo que ha pasado suficiente tiempo, desde la advertencia que hiciéramos el año pasado y nada ha ocurrido. Por lo que, valió la pena agotar esta instancia de llamado de atención, antes de proceder a la dencuncia.
Córdoba, 25 de Abril de 2013.-
Al Sr. Dr. José Manuel De la Sota
Gobernador de la Provincia de Córdoba
Presente
De
mi mayor consideración:
Me
dirijo a Usted para intentar -a través de esta carta- tome conciencia de una
grave falencia que está teniendo su gobierno y que espero pueda corregir con
urgencia. Se trata de la nula inversión y acción para prevenir el consumo de
drogas y alcohol en todo el territorio de la Provincia de Córdoba.
Durante
toda su gestión no se ha invertido un peso en producir y difundir campañas
masivas de concientización sobre las consecuencias del abuso de consumo de
alcohol y de drogas, ni para presentar canales institucionalizados como webs,
teléfonos y oficinas especiales para que los padres y los jóvenes puedan
acceder a información y acercar sus inquietudes. Los programas de prevención
para la Escuela Primaria -Quiero Ser- que fueron aplicados durante mi gestión
al frente de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico
con apoyo nacional han sido suspendidos y no existe en este momento ningún
programa sustentable que aborde la problemática en el primario ni en el
secundario.
Estas
falencias son muy graves no sólo por la desidia respecto al tema en cuestión sino
además por que se está produciendo un incumplimiento de la Ley 9.600 que ordena
un listado específico de acciones de prevención y asistencia que no se han
llevado a cabo desde el inicio de su gestión y hasta ahora.
Como
advirtiera públicamente el año pasado, de mantenerse esta grave negligencia,
denunciaré a Ud. ante la Justicia, y a sus funcionarios respectivos, por
incumplimiento de los deberes de funcionario público, delito previsto en el
Código Civil argentino (artículo 248)
Como
bien sabe, el fenómeno del consumo de sustancias tiene dos grandes cuestiones
vinculadas: todo lo relativo a la oferta y lo que hace a la demanda. Respecto
de la oferta de sustancias ilegales, el crecimiento del accionar de las redes
de narcotráfico (con vinculaciones internacionales) y su influencia sobre
vastos sectores del Gran Córdoba y de otras ciudades y pueblos del interior es
un fenómeno ya conocido por todos e incluso reconocido por usted mismo.
En
su momento como funcionario presenté un informe al entonces gobernador
Schiaretti y a su ministro de Gobierno y Seguridad, Carlos Caserio, quiénes
decidieron -por no acordar con el tenor de lo allí planteado- solicitar mi
renuncia. El paso de los meses, lamentablemente fue confirmando el panorama que
describía en aquel documento. Adjunto a esta presentación una copia del libro
“Favelización de Córdoba. Droga, poder y burocracia” que publicara una vez
alejado del cargo -que contiene un resumen de aquel informe en el primer
capítulo- a modo de antecedente.
El
año pasado presenté un segundo informe en el que se describe cómo las redes de
narcotráfico están dominando un porcentaje importante del abanico de delitos
que se produce en Córdoba, a través del poder de su caja financiera y su
logística, y al amparo que logran de funcionarios y policías. El documento
ilustra cómo se va estructurando paulatinamente la base del “crimen organizado”
y las consecuencias que puede tener para los cordobeses. Adjunto este informe
llamado “La nueva Matriz de la Delincuencia en Córdoba” para que sea evaluado
también como antecedente.
A
los efectos de contrarrestar este avance, su gobierno ha instrumentado una
política de federalización de la lucha contra el narcotráfico, asumiendo la
persecución de la venta al menudeo y se ha creado en el ámbito judicial el
fuero respectivo. Aunque espero sinceramente equivocarme en mis apreciaciones,
en principio no he considerado -a las instituciones y medios que han solicitado
mi opinión- que sea ésta una política de Estado eficaz y acertada.
Pero no está puesto allí el
foco de este pedido de acción urgente sino en la otra faceta del fenómeno para
disminuir la demanda y atender sus consecuencias.
Entre
las competencias asignadas la ley 9600 consigna, en su artículo 2 la de
elaborar proyectos integrales para el desarrollo de políticas de prevención de
la drogadicción. En otro inciso le atribuye la responsabilidad de desarrollar y
ejecutar planes y programas sistemáticos de asistencia para el otorgamiento de
tratamientos especializados y orientación para las víctimas del flagelo de las
drogas.
En
el Artículo 3º exige llevar registros sistemáticos y realizar estadísticas
sobre los distintos aspectos relacionados a la problemática de la drogadicción
y el narcotráfico. También obliga a implementar un sistema telefónico anónimo y
gratuito para el otorgamiento de asesoramiento y la recepción de información,
con inmediata comunicación -en caso de corresponder- a las autoridades
pertinentes. Otro tanto a través de la web. Por último proclama la necesidad de
promover y difundir en todos los ámbitos y niveles del sistema educativo
provincial, las medidas preventivas como así también campañas de
concientización.
En
su momento encontré grandes resistencias para poder realizar las tareas
encomendadas. Pero en la actualidad estas cuestiones básicas directamente no se
realizan. No hay campañas masivas de prevención a través de los medios
televisivos, radiales, gráficos, vía pública y medios electrónicos, ni se está
trabajando en forma sistemática en programas de asistencia a adictos; no se
llevan registros constantes, ni se están desarrollando programas insertos en
las currículas académicas en el ámbito escolar.
La
inacción para realizar campañas constantes y efectivas de alerta y prevención
que aquí se subraya, contrastan con los abundantes recursos que se destinan
para otro tipo de publicidades oficiales y acciones de marketing del gobierno
provincial.
Como
señalan los propios ciudadanos en los más diversos ámbitos, todo indica que sí
hay fondos para grandes festivales, para llevar a Damián Córdoba a otras
provincias, para organizar el Cuartetódromo y para importantes publicidades de
gobierno. ¡El presupuesto asignado a publicidad oficial este año supera los 196
millones de pesos! Pero en la temporada estival, por ejemplo, que es el momento
en el que se producen picos de consumo tanto de drogas como de alcohol, no se
realizó ninguna campaña de publicidad masiva a través de medios televisivos,
radiales, gráficos, electrónicos o en vía pública para difundir mensajes de
prevención.
¿Cómo
se puede explicar semejante negligencia teniendo en cuenta la cantidad de
muertos y heridos por causas vinculadas al consumo de sustancias, embarazos no
deseados, violencia y adicciones?
Si
usted ha tomado la bandera de la lucha contra el narcotráfico como uno de los
puntales para su posicionamiento a nivel nacional (junto con la lucha contra la
trata de personas) nunca podrá ostentar resultados contundentes si no trabaja
con la misma intensidad respecto a la demanda.
El fenómeno está creciendo en forma
exponencial y el número de jóvenes consumidores es cada vez más grande y son
cada vez más precoces, igualando -otro dato preocupante- las mujeres a los
varones en el consumo de alcohol y otras drogas, con todos los riesgos que esto
depara. Además se ha extendido por toda la provincia.
Urge
volver a institucionalizar la Secretaría, sus funciones, establecer un
presupuesto suficiente para poder realizar prevención a gran escala y
asistencia a los adictos en todo el territorio provincial.
En
este último sentido, es muy angustiante ver el peregrinar de padres de
adolescentes y jóvenes sin recursos ni obra social, por hospitales e
instituciones públicas pidiendo un lugar efectivo donde poder tratar y
eventualmente internar a sus hijos con problemas de adicción a las drogas. Ese
lugar público, varias veces prometido en su construcción por parte del entonces
gobernador Schiaretti es un proyecto aún, lamentablemente, que está muy lejos
de estar entre los primeros lugares en las prioridades de la obra pública de
Córdoba.
Las
dos únicas instituciones oficiales que hoy existen como son el IPAD (Instituto
Provincial de Alcoholismo y Drogadicción) y la Casa del Joven no dan abasto
para cubrir la demanda de asistencia, sus condiciones son precarias y sus
prestaciones no están a la altura de las circunstancias. La promesa de que todo
el sistema de salud provincial, sumando al de los municipios estaría capacitado
para brindar una cobertura a este respecto, no se ha hecho realidad aún.
Durante
mi gestión y la siguiente se estructuraron -como medida proviosria- becas de
asistencia para poder financiar el tratamiento de jóvenes sin recursos en
instituciones civiles y privadas. Pero como me ocurrió a mi como funcionario en
su momento y ahora al actual secretario, es tan larga la demora por pagar en
tiempo y forma estas becas por parte del Estado Provincial que las
instituciones se encuentran siempre al límite de la desesperación, recorriendo
semanalmente los pasillos del Ministerio de Desarrollo Social para tratar de
cobrar algo de lo adeudado.
Espero
que esta carta produzca cambios para bien de los cordobeses y de nuestros
cientos de miles de jóvenes que se encuentran cada vez más condicionados por el
fenómeno del consumo, promovido desde el mercado, las publicidades y mensajes
de los medios de comunicación y la conducta de una sociedad que no ha advertido
aún las consecuencias extremadamente negativas que resultan de esta indolencia
generalizada ante el consumo indiscriminado de sustancias.
Por
si acaso sus funcionarios y asesores argumenten de que no hay recursos
suficientes en la órbita estatal para financiar estas campañas y acciones
masivas de prevención, le ofrezco como propuesta el proyecto que hemos hecho
público en el último tiempo para ser evaluado por Ud.
Se
trata de aplicar una tasa de 0,50 centavos por cada litro de alcohol que se
venda en la Provincia de Córdoba. Como los cálculos indican que se
comercializan aproximadamente unos 300 millones de litros del alcohol al año en
el ámbito de la provincia de Córdoba, con este gravamen podría establecerse un
fondo específico para prevención y asistencia de unos $ 150 millones de pesos
al año lo que resulta un presupuesto suficiente para tal fin. Está claro
entonces que las alternativas de políticas públicas existen, pero es necesario
una voluntad y una acción para cumplir la ley.
Quedo
a su disposición al igual que el equipo técnico con el que trabajamos desde
hace varios años para ayudarlo si es que en verdad se toma la decisión de
trabajar sobre las falencias aquí apuntadas.
Sin
otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida atención
Sebastián
García Díaz