1. El informe que
forzó mi renuncia
forzó mi renuncia
El viernes 6 de
noviembre de 2009 ingresé al hall de entrada de la oficina de Casa de Gobierno
y pedí hablar con la Secretaria del Gobernador. “Vengo a dejar este informe
para Schiaretti que también le acabo de acercar al Ministro de Gobierno y
Seguridad, Carlos Caserio” le señalé.
El jueves 10 de
diciembre, un mes después, a través de un correo electrónico le solicito al
Ministro Caserio una reunión formal con el gobernador y con él para hablar del
informe presentado y poder profundizar en los detalles. Nunca recibí respuesta.
El miércoles 13 de enero de 2010 tomé la decisión de hacer público un extracto de ese informe. Tenía conciencia de que estaba poniendo en riesgo mi cargo. Pero era el momento de hacer participar a la ciudadanía. Que se conociera las falencias estructurales en la Lucha contra el Narcotráfico y que ese conocimiento sirviera como presión pública para lograr avances más categóricos.
Lo conversé con
todos mis colaboradores cercanos en la Secretaría y todos me apoyaron, aún sabiendo que
ellos también podían perder sus trabajos en los que habían puesto tanto
esfuerzo a lo largo del año 2009.
Hice público un
extracto de aquel informe a los medios de prensa con un planteo muy claro
respecto a la falta de un Plan Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico y,
fundamentalmente, la falta de una Fuerza de Elite capaz de perseguir a las
grandes redes de narcotraficantes.
Pero ¿Qué decía
el polémico informe? Lo reproduzco aquí porque es un resumen muy esclarecedor
de todo lo que está pendiente en Argentina (y en Córdoba) sobre la materia.
EXTRACTO
DEL INFORME
PRESENTADO AL GOBERNADOR
SOBRE LA SITUACION DE LA LUCHA CONTRA
EL NARCOTRAFICO EN CORDOBA
PRESENTADO AL GOBERNADOR
SOBRE LA SITUACION DE LA LUCHA CONTRA
EL NARCOTRAFICO EN CORDOBA
a. Balance en Prevención, Asistencia y Lucha contra el Narcotráfico.
A diez
meses de haber aceptado la oferta de hacerme cargo de la creación de esta
Secretaría, vale un balance del plan de acción que se está implementando y
remarcar los factores críticos para seguir adelante.
Hemos
logrado avances importantes en la Sistematización de la Prevención de la Drogadicción, tanto
desde el punto de vista Institucional-Educativo, a través de la instrumentación
del Programa Quiero Ser en las
Escuelas Primarias, como en la organización de la comunidad a través de la
Red Social de Prevención Córdoba Libre, ambos con
proyección provincial.
No
hemos tenido iguales resultados en lo que hace a la asistencia a adictos, más
allá de los esfuerzos que hemos realizado desde la Secretaría por
canalizar las inquietudes de los que se han contactado con nosotros. Sin
embargo, la ley nos brinda una competencia sólo de coordinación y no de acción
directa.
El
trabajo de coordinación que hemos llevado adelante con el Ministerio de Salud,
todavía no arroja, en este sentido, resultados objetivos para la ciudadanía.
Urge avanzar en un Sistema Complementario
de Becas de apoyo para tratamiento de adictos sin recursos ni cobertura social
en centros privados y organizaciones no gubernamentales, mientras extendemos la
respuesta desde la órbita pública, a escala provincial.
Mi
mayor preocupación está concentrada, sin embargo, en los pocos avances
realizados en lo que respecta a la Lucha Contra el Narcotráfico en Córdoba.
Más
allá de los esfuerzos positivos que hemos hecho en conjunto con la Policía de Córdoba, por
canalizar de forma ordenada las denuncias anónimas que puede hacer la
ciudadanía, a través del 0-810-888-3368, hay una necesidad imperiosa latente de
exigir al Nivel Federal -a los poderes correspondientes- la decisión de luchar
contra el narcotráfico con otra escala y otra profundidad.
b. Necesidad de exigir un Plan al Gobierno
Nacional
En esta
materia el territorio provincial se ve profundamente afectado por la falta de
políticas públicas eficaces desde la órbita federal.
Ha
llegado la hora, en ese sentido, de presionar al gobierno nacional, con la
misma firmeza con que lo hacemos por otras cuestiones, también respecto a este
tema. Urge instrumentar un Plan Nacional para combatir las redes de narcos que
se están apoderando paulatinamente del país.
Las
señales que se reciben, por ahora, desde el Estado Nacional son muy confusas.
No es un tema menor el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que
declara inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo y que ha
supuesto un duro golpe. En primer lugar a la propia tarea de prevención, por
las distorsiones que produce el mensaje despenalizador en los miles de chicos
que tenían esa barrera legal como un límite a su curiosidad por experimentar.
En igual medida a la Lucha
contra el Narcotráfico, puesto que deja abierta la puerta para que
-aprovechando la confusión entre el simple tenedor y el comercializador al menudeo-
se multipliquen los jóvenes vulnerables enlistados para el microtráfico impune.
Pero la cuestión no se agota en ese fallo. La oferta de droga crece en forma exponencial en todo el territorio nacional (es importante que desde Capital Federal no circunscriban su mirada sólo al Gran Buenos Aires). Mientras cada provincia haga lo que pueda, no estaremos dando una respuesta adecuada a la escala del problema.
Para
tener una idea, me circunscribo a Córdoba. Si calculamos que a esta altura ya
existen unos 5.000 puntos de venta de drogas en la Provincia y hablamos de por lo menos unos 40.000 kilos,
sólo de marihuana, al año para proveerlos. Esta cifra nos da la pauta del
esfuerzo que debemos hacer para aspirar a dar un golpe certero al tráfico de
estupefacientes. Si la multiplicamos por todas las provincias, el cálculo se
vuelve alarmante.
c. Necesidad de Radar en la zona norte de
Córdoba
Por
aire están aterrizando todos los días del año avionetas de vuelos clandestinos
en nuestro territorio provincial con total impunidad. Para controlarlo
necesitamos del gobierno federal, el largamente prometido Radar con la tecnología adecuada, a ser instalado en la zona norte
de Córdoba.
Las
noticias indican, sin embargo, no sólo que no tendremos novedades en este sentido,
sino que además es irregular el funcionamiento del radar que ya existe en la Provincia de Misiones.
Hablamos de 220 vuelos ilegales diarios que se calcula ingresan por dicha
frontera norte y que aterrizan en más de 1.000 pistas clandestinas.
Si se
decidiera un rápido avance en el proceso de radarización, a la par es preciso
que los legisladores nacionales aceleren la sanción de una Ley de Derribo, normativa básica para poder realizar un control
efectivo de esos vuelos. No tener esa herramienta de amenaza a los que no
obedecen la señal de aterrizar es una razón suficiente para que los narcos se
nos “rían en la cara”.
d. Legislación adecuada respecto a Lavado
de Dinero, Vínculo con otros delitos y tráfico de drogas de diseño
No es
la única asignatura pendiente por parte de nuestros representantes
legislativos. Urge que los Diputados y Senadores nacionales avancen en mejorar
las regulaciones necesarias respecto a Lavado de Dinero. Argentina cuenta con
una legislación al respecto, pero casi no se registran condenas.
Lo
mismo respecto a los vínculos del Narcotráfico con otras redes de delitos como la Trata de Personas, que está
afectando seriamente la zona sur de nuestra Provincia de Córdoba
Un
capítulo especial debe ser dedicado al creciente tráfico de drogas de diseño y
sus precursores químicos. Si no preparáramos la legislación y la estructura de
control a este nuevo formato de comercialización de estupefacientes, en breve
nos convertiremos en referencia a nivel regional y mundial sobre la materia.
En
nuestra provincia, se ha dado el vergonzoso caso en el 2009, de atrapar a un
hombre que traficaba más de 120.000 pastillas ilegales, quedando en libertad a
las 48hs por falta de una normativa que castigue como corresponde el delito.
Lamentablemente,
el cierre de las sesiones de este año en el Congreso Nacional, no arrojó
novedades sobre ninguna de estas cuestiones.
e. Necesidad de una Unidad de Control
Preventivo
Por
tierra, las fronteras del país son demasiado flexibles. Además de un control
fronterizo más eficiente, necesitamos instrumentar un Sistema de Postas Móviles
en todas las rutas del país, similar a la tarea de la Policía Caminera
de Córdoba, que ha dado excelentes resultados.
Una
propuesta de este tenor ha sido elevada a la Policía de la Provincia de Córdoba por
nuestra Secretaría, para controlar al menos las rutas de la provincia. Al final
de cuentas, no importa por donde ingrese la droga, en algún momento se traslada
por carretera.
La
creación de esta unidad requiere, sin embargo, la inversión en scanners de
última generación, personal capacitados y asistencia de canes y otras
herramientas tecnológicas. Su potencial lo justifica.
Por
Ferrocarril no hay controles efectivos, y tampoco lo hay en lo que llega por
Correo Postal, ni por tránsito de Personas. Esta Unidad de Control Preventivo,
también debe extender su competencia en forma paulatina a estos otros canales
críticos de ingreso de droga al país.
En
definitiva, es urgente desarrollar divisiones de las fuerzas de seguridad con
capacidad y recursos suficientes para realizar tarea preventiva y disuasoria en
todos los frentes, más allá de las estructuras que dispongamos para la acción
de investigación directa y persecución.
f. Necesidad de fortalecer la Acción Federal en la Provincia.
La Justicia Federal, no
sólo en Buenos Aires sino en cada distrito, requiere ser provista de una
fiscalía exclusiva en la materia. O al menos el Poder Nacional debe brindar el
equipamiento y la escala necesaria para dar respuesta. La cantidad de personas
y los recursos con los que cuentan hoy las fiscalías locales no resultan
adecuadas para liderar el proceso de investigación y captura.
La Policía Federal, más
allá del valor de sus hombres, concentra su mayor efectividad en la Capital Federal y
a esta altura es un insulto para los provincianos que tengamos a la mayoría de
sus efectivos haciendo tareas ordinarias en la Ciudad de Buenos Aires, en
lugar de concentrarse en investigar y perseguir delitos complejos de órbita
federal, con equipamiento y recursos humanos, adecuadamente distribuidos en
todo el territorio nacional.
Las
policías provinciales están desbordadas, en su asistencia diaria a la Justicia Federal,
por la lucha contra los “kiosquitos” de venta de droga que los vecinos
denuncian alarmados y que se multiplican como hongos en los barrios. Este año la Policía de la Provincia de Córdoba ha
elevado los procedimientos a una cifra histórica de 1.736 pero en un porcentaje
mayoritario se trata de este tipo de vendedores al menudeo.
¿Quién
está concentrado en investigar y atrapar a los narcotraficantes principales en
Argentina? Hoy la respuesta no es clara y determinante. Las investigaciones
grandes, que llevan dinero, esfuerzo, tiempo y perseverancia, no son dirigidas
ni recompensadas por ningún poder directivo concreto que tenga los recursos
suficientes. Crear esta instancia es prioridad uno.
En
verdad lo que se necesita es una Fuerza Nacional de Elite, dispuesta y capaz de
liderar el proceso de investigación y persecución de las redes de narcotráfico
a nivel federal. Esta fuerza, o surge de la propia Policía Federal o se crea
una instancia nueva con este objetivo.
g. Necesidad de mejorar las herramientas
tecnológicas
El sólo
hecho de observar el Centro de Escuchas Telefónicas -de órbita nacional- que
funciona, por ejemplo, en Córdoba nos puede dar una idea de lo burocrático que
supone llevar adelante las investigaciones complejas, dado que las escuchas
telefónicas son la principal herramienta que se utiliza, al menos en nuestra
jurisdicción.
h. El problema más grave: la “favelización”
de los barrios
No
puedo terminar sin remarcar el modo en que las redes de narcotráfico se han
instalado en barrios de todo el país (no sólo en el Gran Buenos Aires). En
Córdoba ya operan en forma incipiente como carteles, subordinando a la
comunidad a su propuesta económica y a su dinámica de funcionamiento ilegal.
¿Podemos ver impávidos como repetimos el proceso de Río de Janeiro, de Juarez o
de Calí?
En
estos casos, las intervenciones judiciales y policiales que utilizamos en
Argentina para casos puntuales pierden eficacia.
Sólo
una acción de alto impacto policial, coordinado con todas las fuerzas de
seguridad del país, puede proteger los derechos de las familias que todavía no
han caído en la subordinación a los narcotraficantes, pero que sin embargo se
sienten desamparadas frente al fenómeno.
Ni
siquiera la intervención social preventiva o asistencial es suficiente en la
zona -lo he comprobado personalmente- si no somos capaces de dar una respuesta
contundente en el castigo a los narcos que operan con total impunidad en el
sector.
En este
sentido, sin embargo, estamos obligados a redoblar los esfuerzos de
coordinación para que la acción social y comunitaria que lleva adelante el
Gobierno de Córdoba en estos barrios no aparezca como esfuerzos aislados y
fragmentados.
Nuestra
propuesta es crear un Comité Interministerial, encargado de sistematizar y
acelerar las soluciones que se requieren a nivel social en cada uno de estos
barrios muy comprometidos con el narcotráfico.
Pero
insisto en que, aún siendo eficaces en esta respuesta, todavía queda por
desarrollar herramientas de alto impacto para desbaratar las bandas que operan
en esos barrios.
i. Conclusión
La Policía de
Córdoba ha incorporado nuevos efectivos a la Dirección de Lucha
contra el Narcotráfico, nuevo equipamiento y móviles. La difusión del
0-810-888-3368 seguirá ayudando a sistematizar la información que acerca la
ciudadanía, sin la presión de tener que hacerlo en forma personal. Pero si,
desde la órbita federal, no recibimos novedades sobre estos aspectos de
urgencia, será difícil revertir el proceso de crecimiento de las redes de
narcotráfico que operan en nuestra Provincia y en particular en los barrios de
las principales ciudades de Córdoba.
Por ese
motivo, solicito autorización para peticionar ante los organismos nacionales
pertinentes -ejecutivos, legislativos y judiciales- a los fines de solicitar
avances en cada uno de estos puntos, así como volver a intentar convocar a
todas las instituciones con asiento en Córdoba que están involucradas en la Lucha contra el
Narcotráfico, para consensuar la importancia de exigir estas políticas y
decisiones aquí resumidas, conformando un Consejo de Lucha contra el
Narcotráfico.
Mientras
tanto, nuestra Secretaría seguirá concentrando sus esfuerzos en la tarea de
prevención y en lograr avances en lo que respecta a asistencia a adictos. Pero
la expectativa de la ciudadanía es que podamos controlar no sólo la demanda
sino también la oferta que crece con impunidad.
Sin
otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida atención y quedo a sus
órdenes para ampliar este resumen en los aspectos que considere menester.
Sebastián García Díaz
Secretario
de Prevención de la Drogadicción
y Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba
y Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba
La difusión del
informe tuvo un impacto inesperado. Fue publicado y comentado no sólo en los
medios locales y provinciales sino también en Clarín, Infobae, América, C5N,
Continental, Crítica, Crónica y otros medios nacionales. Incluso fue comentado
por periódicos de Paraguay, Perú y Bolivia. Por esa repercusión, recibí
llamados de medios de todo el país.
Desde ese día,
comenzó la operación para forzar mi renuncia. Al hacer pública esta rendición
de cuentas de cara a la ciudadanía me había convertido en un “enemigo”.
En los medios
locales, comenzaron a circular comentarios que hacían distintos funcionarios
allegados al Ministro Caserio o al propio gobernador. No había que ser un
especialista en ciencia política para saber que el sentido de todos esos
trascendidos “en off” era debilitarme, buscando que yo renunciara
voluntariamente. Varias personas conocedoras de la historia política reciente
de Córdoba, me comentaban con asombro que hacía mucho no veían una acción tan
sistemática y tan intensa.
Mi problema era
que el gobernador no me daba apoyo político alguno. Me había dejado sólo,
aunque -hay que decirlo- muchísimo antes de la difusión de este informe. Y como
me dijo un peronista que conocí en los barrios: “este gobierno es una pileta llena
de pirañas. Si estás sano no te muerden, pero si ven un poquito de sangre, te
devoran”
Como contracara,
decenas de personas conocedoras de la realidad de la droga en Córdoba, me
llamaron por esos días para felicitarme por haber puesto en el tapete la
cuestión y forzar su debate público. Ninguno de ellos, estaba dispuesto a poner
su nombre y su apellido en ninguna instancia porque, de alguna u otra manera,
temían a las represalias. Pero confirmaban el contenido del informe.
Así llegamos a
Febrero del 2010. Solicité formalmente una reunión con Caserio apenas volvió de
vacaciones, y envié notas a todos los ministros para seguir adelante con la
gestión. Sólo Walter Grahovac, Ministro de Educación -quien debo decir siempre
se mostró predispuesto, abierto y preocupado por la problemática y la
prevención- me dio una reunión en la que planificamos el año y la extensión del
Programa de Prevención de la Drogadicción “Quiero Ser” a todas las escuelas de
la provincia, sin condicionarse por la inestabilidad en la que se encontraba mi
posición.
Las versiones
sobre mi renuncia se volvieron tan insistentes, que decidí enviar un mensaje a
la opinión pública. Trasladé a la prensa un comentario para marcar una barrera:
“habría que ver a quién le conviene que un funcionario que pone en el tapete el
problema del narcotráfico en Córdoba quede debilitado y sea obligado a alejarse
del cargo”. También señalé que, aunque no estaba dispuesto a renunciar, si me
lo pedían por este informe, lo haría orgulloso.
Caserio terminó
convocándome a su oficina el día 22 de Febrero, 40 días después de haberse
hecho público el informe. Era un día lunes. Pero el viernes anterior me envió
un emisario -me reservo el nombre, pero era uno de los funcionarios del grupo
chico del gobernador Schiaretti- para anticiparme que “mi suerte estaba echada
y que me daba tres alternativas: 1, retractarme del informe públicamente como
único modo de permanecer en el cargo, 2, renunciar por motivos personales, en
cuyo caso todos mis colaboradores podrían quedarse en sus puestos o 3, la
advertencia de que si me iba peleando, la pelea sería ‘a muerte’.”
Ese mismo
viernes -curiosa coincidencia- soy citado por el fiscal Enrique Senestrari, a la Justicia Federal,
que había decidido abrir una causa con mi informe para investigar si existían
lugares concretos y personas concretas detrás del mismo. Aunque no tengo
pruebas, todo me hace pensar ahora -viendo la situación en perspectiva- que
probablemente haya habido una sintonía con la operación montada por Caserio
para amedrentarme.
¿Cómo era
posible que se hiciera el gasto de abrir una causa por un informe que
evidentemente no constituía una denuncia concreta, sino que formulaba una
perspectiva general? La teoría de que lo hacían por un simple enojo judicial,
no me cerraba ya que -como puede verse- en el escrito yo insistía con darle a la Justicia Federal
más recursos humanos y tecnológicos. Nunca esperé aplausos por esta defensa de
sus necesidades, pero tampoco esperé nunca que se sumaran con su presión, a mi
caída.
Cuando acudí al
Edificio de la Ciudad Universitaria, citado a declarar, le hice estas
aclaraciones al fiscal. “Las más de 60 denuncias concretas que llegaron a mi
mano, durante mis recorridas en los barrios, las canalicé oportunamente a
través de la División
Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba y la propia
Justicia Federal en los casos más importantes”
Senestrari me
pidió que le explicitara lugares concretos o un listado “de esos 5.000 puntos
de venta de droga que yo mencionaba en el informe”. Le expliqué que había
llegado a ese número cruzando variables como la cantidad de denuncias
receptadas por la Policía
durante un año, el porcentaje de delitos que los estudios indican está
dispuesta a denunciar la gente, y la población de la Ciudad de Córdoba y del
interior. “El cálculo es una hipótesis científica que realicé con la ayuda de
técnicos y aplicación de extrapolaciones estadísticas a partir de muestreos.
Por tanto es una ridiculez que me pidan los lugares concretos donde están esos
5.000 puntos”
El fiscal no se
detuvo allí. Me pidió que dejara consignada en mi declaración las fuentes del
informe, esto es, las personas concretas con nombre y apellido que me habían
ayudado a confeccionarlo. Le expliqué que no haría eso, que me reservaría las
fuentes, porque temía que sufrieran consecuencias inesperadas. “¿Es usted
consciente de la eventual responsabilidad penal por ocultar esta información?”
disparó Senestrari para amedrentarme. “Lo soy” le dije como para devolver la
estocada, aunque en verdad el planteo era doblemente ridículo.
No fue un
detalle menor, que no habiéndole yo avisado a ningún periodista que acudiría a la Justicia ese día, en la
puerta de la fiscalía, ya me estuvieran esperando dos. Traté de ser prudente,
pero las declaraciones posteriores de Senestrari, denostando el informe con
mucha dureza, me obligó a salir a responderle con la misma energía. Durante el
día, sábado, por tanto, en los medios gráficos, radiales y televisivos, quedé
cruzado en una polémica pública con la Justicia Federal,
lo que debilitaba aún más mi posición.
Debo decir que
más allá de que la acción de este fiscal fue completamente “tirada de los
pelos” se había logrado el objetivo mediático de debilitar el contenido del
informe ante la opinión pública. Muchísimas personas malinterpretaron que al no
aportar “datos ciertos”, es decir nombres y apellidos, direcciones y teléfonos
de cada uno de los 5.000 puntos de venta a los que hacía referencia, mi informe
no tenía ninguna validez. La operación de parte de Caserio y de Senestrari
había sido un éxito.
El lunes 22
acudí a la reunión con el Ministro. En cuanto me senté, empecé a escuchar sus
críticas y sus amenazas. La reunión era de alta tensión. “Sebastián: vas a
tener que alejarte. O te pido yo la renuncia, aunque en mis términos, o vos me
presentás una renuncia tranquilo y yo lo acepto. Tené cuidado con lo que vas a
decir; no lo metas al gobernador en el medio, porque si no te vamos a responder
con todo: con la justicia, con los legisladores, con la prensa. Hasta te pueden
meter en cana. Vos sacás trapitos al sol y nosotros te vamos a responder con
todo”.
En ese momento
dudé. Algunos de mis consejeros más queridos me habían dicho: “vos sos sólo uno
contra todo un gobierno que mueve los hilos. No te creas el David frente a Goliat,
bajá el perfil y renunciá tranquilo. Ya hiciste todo lo que podías hacer” (esos
consejeros son los mismos que me pedían por favor que no publicara este libro!)
Quedamos que al
otro día, a las 10 hs, presentaría la renuncia y que ninguno diría nada hasta
ese momento. Caserio dejó implícito que habíamos llegado a un acuerdo. De hecho
a los pocos minutos llamó a mi celular y lacónico me dijo: “el gobernador está
al tanto del ‘acuerdo’ al que hemos arribado y da su conformidad”
Esa noche no
pude dormir, pensando en el mal trago que estaba por pasar. Pensé en las
amenazas, en mi familia, en mi vocación política… Recé mucho. Al otro día me
presenté a la hora señalada en la oficina de Caserio, le entregué mi renuncia y
le dije: “Carlos, no hay acuerdo conmigo. Ustedes crearon esta secretaría sin
tener la menor idea de lo que eso suponía. Y se equivocaron de persona si
creían que con un cargo me estaban comprando el alma. Yo quedo en total
libertad. Ah! Y te pido que cumplas con todas esas amenazas que me tiraste
ayer. Vamos a ver al final del camino quién pierde y quién gana”
Caserio cerró
abruptamente la reunión. Me levanté y salí nervioso, pero a la vez tranquilo
-con la conciencia tranquila- por no haberme dejado atropellar por un matón.
Mientras caminaba
por los pasillos de Casa de Gobierno hacia la Secretaría para ir a
buscar mis cosas, ya había salido un comunicado a la prensa desde el
Ministerio, atacándome en duros términos. Mientras entraba a la oficina, ya me
llamaban los medios. La suerte estaba echada.
Mis palabras,
durante la conferencia de prensa fueron breves: “han decidido matar al
mensajero. Pero lo importante es que el mensaje está instalado y los
funcionarios que vengan no podrán hacerse los distraídos”
“García Díaz es
un estúpido, un figureti” atacaba Caserio esa misma tarde frente a todos los
micrófonos. Y cometía el último error, repitiendo el burdo pretexto que había dado el día
antes el fiscal Senestrari: “Para darles un ejemplo de las estupideces que
habla García Díaz: en Córdoba no hay drogas de diseño. No tenemos ningún
registro de ellas. No sabe nada y dice cualquier cosa”
Esa noche recibí
llamados de jóvenes de toda la provincia, que se reían del ministro y del
fiscal: “¡las pastillas se compran hasta en la barra de los boliches!”. Al otro
día ante los medios de prensa remarqué
esta gruesa mentira, con la que Caserio intentaba tapar la realidad
El jefe de la División Drogas
Peligrosas, Rafael Sosa, hombre con el que yo tuve una relación muy estrecha
durante la gestión, fue obligado
a salir a cruzarme y a repetir la misma falacia. “Desde la Policía no tenemos
antecedentes de drogas de diseño en Córdoba. Lo que se consume en los boliches
son pastillas confeccionadas por Laboratorios controlados”. Nadie entendió bien
qué quiso decir.
La salida de
Sosa ante la prensa no podía ser más desafortunada. Al otro día, un parte de la
propia Policía daba cuenta de que se había encontrado droga de diseño en el
procedimiento de la noche anterior.
La
subsecretaría, Elena Domínguez, feliz de ocupar mi cargo, intentaba darme el
último golpe, aunque sin éxito: “Sebastián no trabajó en equipo con nosotros.
Se cortó sólo. Además planteó los problemas, pero no plantea las soluciones”.
Domínguez ocultaba en forma artera que ella misma me había pedido por favor desde
el principio de mi gestión no participar en nada que tuviera que ver en la
lucha contra el narcotráfico.
Fueron días
difíciles. Porque nadie está preparado para semejante presión, ni aún los que
tenemos vocación política. Quiero agradecer a todas las personas que por esos
días se comunicaron conmigo a través de distintos medios (personalmente, por
teléfono, por mail, por facebook) y sobre todo a los vecinos de barrios
marginales que se ofrecieron espontáneamente a fundamentar la idea de
“favelización” con sus propias experiencias personales en cada una de esas
zonas.
Un comentario
final de este capítulo respecto del nuevo Secretario que me sucedió en el cargo,
Juan Carlos Mansilla. Es un buen hombre, comprometido con la prevención, y por
eso su nombramiento no me sorprendió. Ya en diciembre del 2009 Mansilla había
recorrido los pasillos de Casa de Gobierno (y había venido a la Secretaría) pidiendo
“estatizar” su institución de asistencia (Programa Cambio) porque los números
no le cerraban. En ese sentido entiendo que esta posición en el gobierno le
venía bien. Pero lo que me resultó realmente vergonzoso es que se atrevieran,
tanto él como el Ministro y el Gobernador, a defender públicamente la decisión
de dejar de luchar contra el Narcotráfico en la Provincia. “Concentraremos a la Secretaría en la
prevención y la asistencia y dejaremos la lucha al gobierno nacional”.
¿Cómo era
posible que, en el transcurso de un año, un gobierno pudiera cambiar de tal
manera de opinión? Lo más grave fue que anunciaran estos cambios sin enviar
antes un proyecto de Ley modificando las competencias que establece la Ley 9.600 creadora de la Secretaría. Allí
hubiéramos podido ver si los propios legisladores (incluso los oficialistas)
eran capaces de revertir completamente el criterio que habían votado por
unanimidad exactamente un año atrás.
Mansilla anunció
en su discurso de asunción que se pondría a confeccionar un plan. Pero
deliberadamente pasó por alto que lo que en verdad había ocurrido con la Secretaría era que se
estaba produciendo un rotundo cambio de plan.
Había ganado la visión de mantener el status quo del Ministro Caserio,
quien había encontrado un nuevo funcionario, dispuesto a hacerle el juego.
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