Ver artículo en La Voz del interior
Por Sebastián García Díaz
Presidente de Civilitas. Dirigente PRO
Córdoba
Como
se dice habitualmente: “dato mata relato”.
Para tomar un ámbito acotado pero relevante como es la ciudad de
Córdoba los datos oficiales indican que en 2020
-plena pandemia- se denunciaron 45.000 delitos contra la propiedad en nuestra
capital, se iniciaron 18.284 causas, sólo se elevaron 3.443 juicios y de los
elevados sólo tenían "preso" 1.323 Y sólo tuvimos sentencia en 1.276
casos. Es decir menos del 3%. Es muy probable que a hoy los resultados sean
iguales o peores.
Tengamos en cuenta que, en los últimos años, sólo se
denuncia un tercio de los delitos totales -porque los ciudadanos hemos perdido
la fe en que ese trámite sirva para algo- por lo que el porcentaje real de
causas que terminan con un responsable preso es, en verdad, mucho menor.
Además de la Justicia, más de un ministro y el propio gobernador deberían ponerse colorados de vergüenza ante esta pobre performance.
¿Qué podemos hacer para abordar este flagelo del
robo que arruina nuestras vidas cotidianas y que está en niveles dramáticos? ¿No
amerita una respuesta tan contundente como lo fue enfrentar la pandemia?
A esta altura tendremos que comenzar por lo elemental:
desplegar un shock de seguridad que lleve por lo menos a cuadruplicar las
denuncias investigadas, así como los procesos judiciales a delincuentes y sobre
todo las condenas con prisión efectiva.
El objetivo debe ser enviar una señal muy clara a
las redes de delincuencia de Córdoba que se acabó la impunidad. Necesitamos
alcanzar el umbral que, en no más de 60 a 90 días, se esclarezca un hecho
delictual, se impute, se procese, se haga el juicio y haya sentencia y prisión.
Si no lo logramos en todos los casos, por lo menos cuadrupliquemos los
resultados.
Vamos a necesitar -eso está claro- más jueces, más
fiscalías, más policías de investigación y más cárceles. Por supuesto más
tecnología. Llevar al máximo nivel la eficiencia de los actuales recursos. Vamos
a necesitar más inversión. Sin embargo, no puede ser una inversión a tontas y a
locas. Que sea para lograr el objetivo planteado.
Si no aseguramos que el proceso completo se realice
en forma efectiva, seguiremos poniendo parches. No es suficiente con sólo poner
un "policía barrial".
Sólo cortaremos con esta ola incremental de asaltos
si cunde rápidamente la idea de que algo cambió: que a los choros los estamos
metiendo en la cárcel de verdad y mucho más rápido que antes.
Sería importante un encuentro entre oficialismo y
oposición para superar cualquier controversia política y acordar un plan. Los
cordobeses no podemos esperar a que asuma el próximo gobernador en diciembre
del 2023 para recién hacer algo. Para esa fecha corremos el riesgo de que nos
hayan robado todo y a todos.
Comparto el escepticismo de que el actual gobierno
provincial reaccione. Sólo la presión ciudadana logrará que algo ocurra. ¿Tendremos
que hacer una marcha ciudadana masiva por la inseguridad en Córdoba? Tal vez. O
ejercer presión, levantando la voz. Si no, lo más probable es que no pase nada.
