Esta vez escribo no sólo como ciudadano sino como Director de una Agencia de Publicidad de larga trayectoria en Córdoba (más de 50 años) Como afortunadamente no dependemos de hacerle la publicidad a ningún gobierno, puedo hablar con total independencia.
Quiero levantar mi voz en forma enérgica porque -al día de hoy- no hay ningún mecanismo formal para asignar quién hace la publicidad del Gobierno de la Provincia de Córdoba y de las distintas entidades que de él dependen (Epec, Banco de Córdoba, Lotería, Agencias de Gobierno, Red de Accesos a Córdoba, RAC, Paicor, etc).
Se decide en forma absolutamente discrecional, según la amistad que tiene el gobernador o los funcionarios con la empresa o el equipo elegido.
Y permanecen durante años sin que haya ningún viso de que se convoquen a otros competidores, ni ante cada cuestión a difundir concreta ni tampoco al comienzo de cada año, o al comienzo de los mandatos. La elección, para no dar muchas vueltas, es "a dedo".
El gobierno de Córdoba tiene un presupuesto en publicidad que supera los $ 1.000 millones de pesos. Es una inversión tan importante como la que se asigna a obras de gran envergadura.
Pero hay una contradicción: en las obras se llama a licitación, se compran pliegos, y la compulsa está rodeada de garantías, al menos formales. También para comprar insumos, o para contratar servicios.
Pero en el caso de la publicidad, se la asigna sin ningún concurso ni licitación. Son contadas con los dedos de una sola mano las agencias de publicidad, de marketing, de estudios de opinión pública, digitales y de producción que son beneficiarias directas de esta discrecionalidad y han crecido en forma privilegiada al calor de este beneficio de haber sido elegidas sin ningún mecanismo formal.
Mi reclamo no es ser una de ellas. Mi pedido es que se avance en forma urgente en la formalización de los criterios y procedimientos de selección y de auditoría de este insumo que es muy utilizado por el gobierno.
Los concursos y licitaciones, está demás decirlo pero lo remarco, permiten que se presenten todas las empresas en igualdad de condiciones, que se comparen los antecedentes y los precios (y eso asegura que el Estado no esté pagando lo que no debe por un servicio), mejora además la calidad de los trabajos por la competencia misma, e involucra a más jugadores en un proceso que -hoy por hoy- podría decirse es un "fondo oscuro, en el que nadie sabe a ciencia cierta en qué se gasta, donde va, cuánto se paga y quiénes son todos los involucrados en los procesos de desarrollo de publicidad, marketing y comunicación del gobierno.
Este reclamo lo hago extensivo a la Municipalidad de Córdoba ya que el caso es exactamente el mismo. Y a todas las municipalidades importantes de la provincia. También lo hago extensivo al orden nacional (y a los organismos nacionales que operan en Córdoba)
Alguien podría decir que el gobernador o el intendente tienen derecho a elegir a un equipo de máxima confianza en un asunto clave como es la comunicación de su gobierno. Y esto no puede quedar supeditado sólo a una cuestión de trayectoria y precio. Tiene que haber "feeling".
Creo que cuando hablamos de fondos públicos, no podemos dejar ningún margen a la discrecionalidad. Pero supongamos que le permitimos al gobernador manejar en forma arbitraria quien atiende su comunicación como tal. Eso no impide que se pueda concursar las necesidades de comunicación de todos los organismos, pues allí estamos hablando de comunicación de acciones y programas objetivos de gobierno.
Para dar un ejemplo concreto: ¿Se puede concursarse la campaña de turismo de Córdoba? Por supuesto ¿Y la comunicación del Banco de Córdoba? Claramente, como lo hacen la mayoría de los bancos privados que, incluso sin tener obligación legal, llaman a concurso o generan compulsas entre distintas agencias para elegir la mejor ¿La agencia Córdoba Cultura? ¿la campaña para prevenir incendios o de salud?
Algunas de las empresas más grandes de Córdoba, llegan a un punto en el que llaman a concurso de agencias para cada iniciativa comunicacional o de marketing o compra de medios que realizan. Una empresa nos ha convocado más de 20 veces durante este año eligiendo distintas agencias en cada oportunidad.
No quiero sonar ingenuo con mi pedido. Soy consciente que probablemente haya negociados y fondos que se destinan para otros objetivos (o que incluso se roban). Al ser tan precaria la forma de conducirse en un área tan difusa como es la comunicación, no me extrañaría.
Por eso mi pedido de formalizar concursos y licitaciones en la publicidad gubernamental, lleva ínsito un pedido de transparencia urgente en un sector del que se ha abusado mucho en todos estos años.
