Por Sebastián García Díaz
Presidente de Civilitas. Dirigente PRO
Córdoba.
Dijimos que “Córdoba necesita su propio Milei”. La frase nos interpela sobre
cómo se malgastan los fondos públicos en nuestra provincia. Aquí también hace
falta “motosierra”.
Eso mismo genera la figura del presidente de El Salvador.
De alguna manera disruptiva, los cordobeses necesitamos expresar ¡que ya no
damos más! Que la inseguridad se volvió insoportable. Y que no nos vamos a
resignar a escuchar sólo excusas.
La causa directa de la inseguridad es la impunidad. El
Estado provincial se muestra incapaz de atrapar a los que nos roban. ¿Para qué
pagamos nuestros impuestos, si no nos garantizan lo más básico? A esta altura pareciera
necesario gritar ¡que venga un “Bukele” y patee el tablero!
El modelo a aplicar es de sentido común: si aumentamos
la percepción de riesgo, los delincuentes lo pensarán dos veces, por temor a
las consecuencias. No merodearán, porque estará autorizado detenerlos. No nos
robarán, si sienten que hay amplias chanches de que los atrapemos (y rápido). Y
no querrán ir a la cárcel si tienen la percepción de que allí la pasarán muy
mal.
Esa percepción de riesgo en Córdoba es tan baja que los
choros se matan de la risa. Incluso operan con el “amparo” del poder, como lo
demostraron los hechos de corrupción que involucran a altas autoridades de la
policía, de los bomberos y del servicio penitenciario, de ministros y
funcionarios.
Tenemos urgencia por poner a la policía, no sólo a
prevenir con gente en la calle, con miles de cámaras (que demoran en comprar) y
con operativos de saturación, sino que necesitamos además que aprendan a
investigar, que persigan y que capturen a los que nos roban. Hoy no lo hacen.
Sólo el 1% de los delitos termina con un delincuente
sentenciado y preso en nuestra provincia. Hay denuncias por hacinamiento en
nuestras cárceles. ¡Construyamos más! Porque si hoy tenemos 13.000 reclusos, necesitamos
que sean por lo menos 50.000 en un plazo breve, si en verdad queremos enviar una
señal clara de que se acabó la impunidad.
Pero claro: si la Policía de Córdoba no investiga y
tampoco la Policía Judicial, si los fiscales se concentran sólo en las “causas
con muerto”, si los jueces están demasiado cómodos como para hacerse
responsables, si los aprendices de policías estudian en un anexo de escuela de
barrio periférico y salen a la calle sin experiencia ni preparación; si los
legisladores ni siquiera amagan con revisar el garantista “código de
convivencia” y relanzar la figura del merodeo (entre otras), si el Tribunal
Superior de Justicia está lleno de “amigos del gobierno” y el Ministro de
Seguridad es un “showman” pero que de esto nada sabe…
¿Son conscientes nuestros gobernantes que estamos
sobre una olla a presión de inseguridad y narcotráfico, a punto de estallar?