El gobernador ha enviado su proyecto de presupuesto. Sin el más mínimo atisbo de ajuste o de corrección de las distorsiones que vienen acarreando nuestras cuentas públicas. La era “Milei” no ha impactado aún en la gestión de la Provincia.
El gasto público lo seguimos
pagando los empresarios y comerciantes cordobeses, a través del ultrajante
impuesto a los ingresos brutos que representa el 82% de todos los ingresos
tributarios de origen provincial, en comparación con el inmobiliario que sólo
es el 6,4% o el automotor con un 3.3%. Con “sellos” -que también entorpece la
actividad comercial y es el 8,3%- la actividad económica pagará el 90% de “la
fiesta”.
Córdoba sigue
aplastando así la única actividad que puede generar trabajo genuino. Para callar
al sector nos entregan una Agencia Pro Córdoba con 26 personas y una de “Competitividad”
con 13 (que no es igual a la de “Conectividad” que tiene 11 empleados). El
resto de las agencias son -en realidad- dependencias públicas disfrazadas de
entes mixtos, para evitar el control del Tribunal de Cuentas. ¿Gran picardía o
dolosa maniobra para robar?
Las “vacas sagradas” están
intactas: Lotería mantiene sus 1.100 empleados. Epec igual, con todos los
mismos privilegios y sin dar señales de apertura a la competencia o a la
privatización. Lo mismo el Banco de Córdoba.
Caminos de las Sierras
tiene un presupuesto asignado de $ 266 mil millones. Una enorme transferencia a
una “sociedad anónima” sin mayor control. Si van a hacer obras desde allí ¿por
qué no licitarlas desde obras públicas para hacerlo en forma transparente?
Una novedad es cómo
crece el presupuesto de la Universidad Provincial. ¿Habrá intenciones de
manipular fondos desde allí? Son $ 83 mil millones para financiar cuatro
facultades y un total de 15.000 alumnos. ¿Para qué tenemos esta universidad si
ya existe la nacional y es “libre y gratuita”? Mucha atención a esta unidad,
que tiene (entre otras curiosidades) un programa de “género” con títulos
oficiales obligados a decir licenciado, licenciada y “licendiade”.
El agujero negro sigue
siendo la Caja de Jubilaciones. Todos los cordobeses, no importa si aportamos a
la Caja de Abogados, de Ingenieros ¡o a ninguna! pagaremos 36.000 millones de
pesos mensuales, para sostener el déficit de una entidad que tiene jubilaciones
muy por arriba de la media nacional en más del 50%.
Dato alarmante: no hay
más presupuesto para Seguridad, Salud y Educación. Y la plata que va a
Desarrollo Social sigue teniendo la indolencia de que más de la mitad va a
pagar sueldos y burocracia. Apross sigue intacta.
¿Pará qué seguimos
financiando la Agencia Córdoba Joven, la Defensoría del Pueblo o la de los “derechos
de niños, niñas y adolescentes”?
Ha llegado la hora de
que los cordobeses reaccionemos. ¡Se trata de nuestros impuestos! Exijamos que
el mismo proceso que se está produciendo a nivel nacional, se aplique también
aquí: menos impuestos, más “motosierra”, menos ministerios, agencias y cargos
para “la casta”, menos publicidad oficial y un gobierno que gestione con la
consigna: “no hay plata”.
